El trascendental paso dado por Venezuela, al prohibir la pesca industrial de arrastre, debería constituir un ejemplo a seguir por todos los países con acceso directo al mar, y sumarse a las gestiones que, en distintos sentido, desarrollan otras naciones, encaminadas a frenar la acelerada pérdida de la biodiversidad marina global a causa del saqueo que practican en mares y océanos del mundo esta especie de garimpeiros del mar.

Aunque un tanto tardía, llegó por fin  a Venezuela la aplicación de una medida por la que esperaron por muchos años los ciudadanos de este país a quienes duele la suerte de los recursos naturales, como componente básico del ambiente, y en especial la conservación de nuestros mares, diezmados por ese grupo de empresarios de la pesca sólo comparables con los buscadores furtivos de diamantes en la región amazónica, que causan graves daños a su ecosistema.

La medida del gobierno venezolano que, entró en vigencia a partir del 14 de marzo de este año, saca de la actividad a cerca de 300 embarcaciones, cuya tripulación saqueó de manera despiadada las comunidades del fondo marino de las costas del país, reduciendo su potencial productivo, causando severos destrozos de su equilibrio ecológico y afectando al pescador tradicional que cada día veía más reducida su posibilidad de extracción de las diversas especies que constituyen la riqueza faunística de los mares que bañan toda la región norte de Venezuela.

En la búsqueda de camarones y pulpos, destinados fundamentalmente a la exportación por sus altos precios, las retropescadoras arrasaban con todo lo que encontraban a su paso en los fondos marinos y a  una altura promedio de tres metros. Sin embargo, 60% o más de las capturas por colada, era devuelto al mar como “broza”, en su gran mayoría ya muerta.

Frente al alegato de que gran parte de la llamada broza fuera aprovechable por otras especies marinas, expertos del Fondo de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) de los estados Sucre y Nueva Esparta, venían advirtiendo desde hace mucho tiempo atrás lo siguiente:

1. Muchas de las especies que se encuentran en el material desperdiciado son juveniles de especies de peces con interés comercial, lo cual afecta negativamente el desarrollo de la propia y de otras pesquerías (artesanales).
2. Algunas especies capturadas están sometidas a regulaciones especiales (caso de las tortugas marinas) o están en progreso de estarlo (tiburones)  y comprometen (o pueden comprometer) los mercados donde el país expende sus productos en el exterior.
3. Los costos de operación de los barcos son cada vez más elevados y hacen menos rentable el empleo de tripulaciones numerosas que se requieren para procesar la enorme masa de desperdicios.

Principio y fín

La ratropesca fue iniciada en Venezuela en el año 1950 y se practicaba en seis regiones del norte del país, que abarca una extensión de 4.006 kilómetros de costa : Golfo de Venezuela, Golfete de Coro (entre Puerto Cabello y Tucacas), Plataforma Píritu-Unare (Barcelona a Higuerote), isla de Margarita y norte del estado Sucre, Golfo de Paria y Delta del Orinoco.

En julio de 2003 la Asamblea Nacional decretó la Ley de Pesca y Acuicultura, instrumento en el cual quedó definido como objeto fomento, promoción y regulación de las actividades de pesca, acuicultura y actividades conexas, “basados en los principios rectores que aseguren la producción, la conservación, el control, la administración, el fomento, la investigación y el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos hidrobiológicos, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaria, sociales, culturales, ambientales y comerciales pertinentes”

Esta ley, estableció la prohibición expresa de la pesca de arrastre a menos de seis millas náuticas del litoral, aspecto este que generó para aquellos momentos un gran alboroto entre los grupos que adversaban la medida, y con estricto apoyo de la mayoría de los medios de comunicación social del país, quienes vaticinaban una crisis, que nunca se presentó,  en la oferta industrial de pesca al mercado nacional.

Sin embargo en el curso de los cinco años siguientes crecieron las denuncias sobre los daños ecológicos que continuaban ocasionando las embarcaciones retropescadoras con sus rastrillos, lo cual motivó la reforma de la mencionada ley de pesca  por parte del presidente de la República en marzo de 2008, haciendo uso de la ley habilitante que le confería poderes especiales,  que esta vez decretaba definitivamente la eliminación de la pesca industrial de arrastre.

No mermará la oferta

Voceros autorizados del gobierno Nacional han explicado, en primer lugar, que el suministro de pescado no disminuirá, debido a que la actividad de pesca de arrastre sólo representaba el 6% de la pesca nacional y la misma estaba fundamentalmente dirigida al mercado exterior.

En segundo término, que la decisión estuvo encaminada a la preservación del sistema bioecológico del lecho marino severamente afectado en la actualidad por un tipo de pesca que no es necesario y que tiene diversidad de alternativas.
Tercero, el Gobierno se compromete a aportar fondos para la reconversión de las embarcaciones, con la finalidad de que puedan adaptarse a otras modalidades no depredadoras de la fauna marina, así como distintas alternativas para los trabajadores y propietarios de las embarcaciones; y la garantía de la preservación y recuperación de la biodiversidad marina, restauración de áreas de reproducción, de los arrecifes coralinos y las plantas marinas, así como de suministro regular de las diversas especies.

Contra los garimpeiros  marinos del mundo
Lo que sucede en los mares y océanos, requiere de una acción más enérgica de los gobiernos e instituciones intergubernamentales del mundo llamadas a frenar la depauperación que sufren estos recursos del planeta destinados al disfrute racional de la humanidad.

Agencias y medios informativos de todo el mundo dan cuenta diario de las atrocidades que se cometen contra la fauna marina, especialmente denunciadas por grupos e instituciones ambientalistas sin mayor peso que los de su propia voz.  World Wide Fund (WWF) es una de ellas y su pregón es permanente contra lo que define como la “pesca accesoria”, como la causa principal del saqueo de los mares y océanos, señalando en uno de sus últimos informes, a fines del año 2008, que sólo en el Mar del Norte, se arroja  por la borda un millón de toneladas de pescado y otras especies anualmente.

Según WWF, año tras año caen víctima de esa práctica millones de tiburones y unas 250.000 tortugas de mar;  por cada kilo de lenguado en la pescadería se tiran al mar seis kilos de otras especies y por cada kilo de bogante noruego, cinco kilos.

En su contundente informe, presentado en Hamburgo, WWF señala que más de tres cuartas partes de la población de peces en el mundo se encuentra amenazado a causa de la sobrepesca. Y entre el grupo de recomendaciones formuladas, desaconseja la compra de camarones de pisifactoría procedentes de las costas tropicales de Suramérica, “pues para erigir estas factorías se destruyen numerosos manglares”. Agrega que por cada camarón que se destina a la cría en la factoría muere un centenar de peces en las redes.

Oceana, la organización internacional dedicada a la conservación de los océanos del mundo, ha dado a conocer sus propias cifras sobre lo que denomina la práctica del descarte. Marcel Claude, director del organismo, ha señalado que “en distintos puntos del planeta, las redes de pesca estrangulan, ahogan y aplastan a millones de peces, a miles de tortugas, ballenas, delfines, tiburones y aves marinas, sin que esto sea necesario puesto que se debe a la falta de precisión de las técnicas de pesca”

“Alrededor del mundo cada año son desechados aproximadamente 20 millones de toneladas de pescados, es decir, el 25 por ciento de lo que se pesca en el mundo entero. Decenas de miles de mamíferos marinos, aves, corales, y otras formas de vida marina también son extraídas y luego desechadas. Esta destrucción masiva pone en riesgo nuestros océanos, y también nuestro suministro de alimento, nuestras economías costeras e incluso a nosotros mismos”, afirmó Marcel Claude.

En otro nivel, la pesca incontrolada de especies de especial valor alimenticio y comercial, como el atún y la caza de mamíferos marinos como la ballena, el tiburón, lobo del mar es otro de los motivos de preocupación y gran indignación por parte de quienes valoran la necesidad de defender la sostenibilidad de los recursos del mar.

Contra las regulaciones de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), y las advertencias prohibiciones y  de los gobiernos de países cuyas aguas sirven de habitat a estos cetáceos embarcaciones japonesas siguen lanzandose a los mares de los océano Atlántico  y Pacífico en busca de especies “protegidas” y no protegidas, con la excusa de la investigación científica. La cuota japonesa de captura de ballenas para este año es de mil ejemplares.

La más reciente reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), celebrada en Santiago de Chile, en junio del pasado año,  llegó a su fin sin decisiones que modificaran los vigentes acuerdos en materia de caza de ballenas. Esto supone que Japón proseguirá con la caza en la Antártida, que la CBI sigue catalogando de  científica pese a los permanentes cuestionamientos de organizaciones como Greenpeace. También, comunidades indígenas de Groenlandia, Rusia y Alaska continuarán ejerciendo la caza de subsistencia, mientras persiste la moratoria en la actividad comercial ballenera.

Por supuesto, para los grupos  ecologistas del mundo, el resultado de esta 60ª asamblea supuso un triunfo de los países balleneros, como Japón, Islandia, Noruega y Groenlandia.

Se espera que para la venidera cumbre de la Comisión, prevista para junio de este año en Portugal, puedan ser tomadas en cuenta algunas propuestas que se vienen manejando, entre otros, por  integrantes del Pequeño Grupo de Trabajo (PGT) de la Comisión Ballenera reunido en marzo de este año en Roma, entre éstas que  Japón reduzca  sus  supuestas operaciones de “caza científica”   en aguas del Santuario del océano austral, a cambio de recibir cuotas bajo una nueva categoría llamada "Cacería Costera de Pequeña Escala”.  

Esto equivaldría al fin de la moratoria a la caza comercial de ballenas, el mayor logro obtenido por esta Comisión a favor de la conservación. Desde su establecimiento, esta medida ha sido literalmente burlada por Japón, que ha cazado más de 20.000 ballenas con la excusa de “hacer ciencia”, cuando en el mundo se denuncia que la realidad  oculta detrás de todo esto es llevar la carne de ballenas al mercado de Japón para ser vendida en algún lujoso restaurante.

Asimismo,  estará en la mesa de discusiones la propuesta del gobierno laborista australiano, de aplicar procedimientos no letales en la investigación científica sobre ballenas. Según lo divulga la agencia de noticias Ansa, Australia invierte cuantiosos recursos en la investigación, para demostrar a Japón que es innecesario matar las ballenas para estudiarlas, como sostienen los japonses para sortear la prohibición internacional a la caza comercial.

Oceana también  mantiene una férrea lucha contra la captura ilegal y el otorgamiento de cupos para la captura de especies amenazadas de tiburones, muchas de las cuales representan la parte más significativa de las capturas totales de los barcos europeos.

Entre los países que tratan de frenar la extinción que se cierne contra el tiburón, destaca Panamá, cuyo gobierno ha venido advirtiendo sobre la sobreexplotación del recurso por parte de embarcaciones europeas, cuyas capturas por parte de sus  flotas superan las 100 mil toneladas al año.

De acuerdo con un despacho informativo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), la Unión Europea admite la falta de controles en esta actividad, y en tal sentido ha anunciado su disposición de poner en práctica desde este año, de un plan de acción dirigido a intensificar los controles de la veda impuesta en el año 2003, así como en relación con la captura de tiburones y de rayas, o limitar la actividad pesquera en zonas consideradas “sensibles” por la escasez o por la importancia para la supervivencia de estas especies. Entre los tiburones que se pretenden proteger, figuran: el marrajo, el cazón o la tintorera, cuya pesca se ha incrementado notablemente durante los últimos años ante el valor comercial de productos como la carne, la piel y las aletas.

Otra especie de mamífero cuya persecución se inicia, especialmente por parte de empresarios de la pesca de China, es el lobo marino, muy abundante en los mares de Suramérica. Esta comienza a ser objeto de explotación en Chile tras una veda que se prolongó por espacio de cinco años hasta el pasado mes de diciembre. Con permiso de la Subsecretaría de Pesca chilena, la empresa Luna y Galaz Limitada, inició en enero de este año la captura de 200 ejemplares.

La lucha es cuesta arriba por los poderosos intereses que se mueven tras la irracional captura, especialmente a nivel de la pesca industrial, de especies de mayor valor económico, como se evidencian en frustradas iniciativas, entre otras, de la Comisión de la Unión Europea contra la práctica del descarte de pescado, de gobiernos de países que entienden la importancia de defender la sostenibilidad de los recursos marinos y de agrupaciones ambientalistas diseminadas por todo el planeta.

Gilberto Carreño
Círculo Ambiental/5-4-09