Venezuela es uno de los países del mundo con mayor porción de territorio bajo figuras legales para la protección de sus áreas naturales y espacios claves para la preservación de recursos hídricos, así como de desarrollo rural. En su conjunto, las Áreas Bajo Regimen de Administración Especial (ABRAE), abarcan una superficie de 63 mil hectáreas, correspondientes al 46% de todo el territorio nacional. Sin embargo, algo está fallando...

El sistema venezolano de ABRAE, está concebido como una de las acciones enmarcadas dentro de las políticas de desarrollo sostenibles de la nación, que plantean el racional aprovechamiento de su patrimonio natural sin afectar su disfrute por parte de las generaciones futuras. Se estima que estas áreas protegen alrededor de 85% de las fuentes de agua que consumimos e impulsan la generación de energía, además de aportar el oxígeno y los bienes de origen natural requeridos por la población.

El sistema de ABRAE está conformado por: 43 Parques Nacionales, que ocupan una superficie de 13.559.578 ha, que representan el 14.8% del territorio nacional; 36 Monumentos Naturales, con una superficie de 4.276.178 ha (4,67%); 7 Refugios de Fauna Silvestre, que ocupan 53.474 ha; 39 Áreas Boscosas Bajo Protección, 3.387.889 ha (3,7%); 14 Reservas Nacionales Hidráulicas, 1.740.783 (1,9%); 4 Reservas de Fauna Silvestre, 71.856 ha; 5 Áreas Rurales de Desarrollo Integrado, 1.082.314 ha (1,18%); Reservas de Biósfera, 9.602.466 (10,48%); 3 Áreas de Protección y Recuperación Ambiental, 4.168 ha; 6 Zonas de Aprovechamiento Agrícola, 357.955 ha (0,3%); 58 Zonas Protectoras de cuencas hidráulicas, 12.859.531 (14.03%); 11 Reservas Forestales, 11.327.416 (12,36%); 7 Áreas Críticas con Prioridad de Tratamiento, 3.599.146 ha (3,93%). Otras áreas no incluidas en esta categoría, pero que merecen atención especial son: las zonas de reserva para la construcción de presas y embalses, áreas de protección de obras públicas, costas marinas de aguas profundas, zonas de interés turístico, zonas de seguridad, zonas de seguridad fronteriza y sitios de patrimonio histórico-cultural-arqueológico.

¿Están realmente protegidas las ABRAE?
Existe una falla que viene desde mucho tiempo atrás y radica en la incompetencia de las instituciones del Estado para establecer un adecuado manejo de la vasta porción del territorio nacional a la que se ha pretendido brindar protección especial. Una de las fallas, puede ser atribuida a la falta de una reglamentación de las mismas, pues como lo ha señalado el vicepresidente de la Comisión Permanente de Ambiente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Parlamento Amazónico, diputado Julio García Jarpa, “no basta tener un área protegida si no está reglamentada”.

En este sentido, citó la situación de algunos instrumentos recientes que deberán ser sometidos a reforma, como la Ley de Bosques; otros a reglamentación, entre ellas la recientemente reformada Ley de Ambiente, la Ley de Aguas, la ley de Diversidad Biológica y la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socioambientales y Tecnológicos.

El congresista confía, sin embargo, en la promesa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, de que no saldrá ningún nuevo decreto de protección de áreas naturales que no venga acompañado de su respectivo reglamento.

De acuerdo con datos que maneja el diputado García Jarpa y a los cuales hizo referencia en la reciente jornada sobre la Amazonia que tuvo lugar en la sede de la Asamblea, el 70% por ciento de las ABRAE del país carece de reglamentos de manejo. En un somero repaso mostró la drástica situación que enfrentan, entre otras, las reservas forestales, una de las más golpeadas por las riquezas madereras que contienen. De ellas citó la situación, en Barinas, de Ticoporo, afectada en 97.5%, Caparo, en 70%; San Camilo, en Apure, con una afectación de 70,20%; Imataca, al sur del Orinoco, peligrosamente amenazada por una incontrolable actividad minera y la extracción de madera.

En relación con las reservas forestales de la cuenca del río Caura, en torno a la cual se han venido generando opiniones de grupos ambientalistas que solicitan su protección con la figura de Parque Nacional, dado su alto potencial en diversidad biológica con alrededor de 2.400 especies endémicas de flora y fauna estudiadas, admitió el diputado que éstas se encuentran “altamente afectadas” , pese a que desde la asignación de la figura de reserva, en 1996, ha sido sometida, mediante medidas del Ejecutivo dictadas en 2002 y 2007 a severas restricciones que limitan la explotación maderera. No obstante, pesa sobre ellas, una medida cautelar introducida por particulares, que mantiene paralizada la aplicación de la misma.

Sobre el futuro legal del Caura, se mantiene la presión de los grupos ambientalistas que claman por su declaratoria de Parque Nacional, por considerarse que esta figura permitiría la erradicación de los grupos empresariales que arrasan con sus recursos forestales en detrimento de todo el ecosistema de la cuenca. Sin embargo, la posición del diputado garcía Jarpa y del gobierno Nacional del cual es partidario, es que allí se establecerá la figura que se estime más apropiada y que beneficie a la población indígena del lugar.

Más allá de las leyes
La historia de las ABRAE nos enseña que, mucho más de los aspectos legales relacionados con su protección, existe en una tradición de abandono de la mayoría de ellas. Posiblemente la clave radica en dos aspectos fundamentales: la falta de una efectiva labor de guardería ambiental y la ausencia de un trabajo de educación ambiental que involucre a las propias comunidades asentadas en el lugar.

La falta de recursos económicos para desarrollar acciones como las que señalamos, es la eterna excusa que venimos escuchando de las autoridades desde que existen el Ministerio del Ambiente y el Instituto de Parques, organismos que tienen que ver de una manera compartida con la protección de las ABRAE.

Fácil resulta comprobar que no existe, nada más desprotegidas, por ejemplo, que las zonas protectoras. Caracas es el ejemplo, o mejor dicho el mal ejemplo de lo que sucede en las ABRAE. Porque pese a estar ubicada en una región donde sobran autoridades “competentes”, la Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas marcha de una manera acelerada hacia su desaparición como espacio para el freno del crecimiento poblacional y reserva de oxígeno de la región capitalina del país. Está creciendo, ante las narices de la autoridades gubernamentales, especialmente del Ministerio del Ambiente y de la Guardia nacional, otro “Mariche” El saqueo de sus especies forestales más preciadas, como el cedro, es permanente; la invasión de sus bosques es progresiva, con sus efectos erosivos y de contaminación de las fuentes de agua de la zona, sin que nadie, ni la Guardia Nacional, ni las policías de Baruta, El Hatillo y Paz Castillo, los municipios que ésta abarca, se ocupen de establecer algún tipo de control.

Tampoco existe una política estadal de educación ambiental que vaya a los pobladores de las ABRAE a enseñarles que el espacio natural del cual disfrutan, al ser acogidos como privilegiados habitantes, debe ser conservado y protegido. De allí que los primeros enemigos de muchas de las ABRAE sean sus propios habitantes. Posiblemente la situación de los parques nacionales poblados por indígenas constituyan la excepción, especialmente en aquellos donde no llegan con tanta facilidad los productos de nuestra sociedad “civilizada”

Gilberto Carreño / Círculo Ambiental
e-mail: circuloambiental@gmail.com
gilcar@circuloambiental.net