Gilberto Carreño / Círculo Ambiental
Hechos como el que estamos contemplando con inmensa indignación y desaliento los habitantes de
este planeta, en relación con el desastre ecológico en el Golfo de México, dan una vez más la razón a ese puñado de soñadores que en la reciente Conferencia de los Pueblos y los Derechos de la Tierra, en Cochabamba, Bolivia, sentó las bases para lo que pudiera constituir el Tribunal Ambiental de Justicia Climática.
Como es conocido, la intención de un organismo de carácter mundial que conozca, juzgue y sanciones a aquellas personas, empresas o Estados por la contaminación que provoquen al planeta por acción u omisión, es una iniciativa surgida de los pueblos indígenas latinoamericanos reunidos en varias conferencias celebradas en Bolivia y especialmente enarbolada por este país ante eventos de la importancia de la frustrante Cumbre de Copenhague.
Una de las conclusiones del documento elaborado por el grupo de trabajo de la mesa reunida en Tiquipayo, y el cual fue aprobado por la Conferencia señala: “Convocamos a los pueblos del mundo a acudir a los mecanismo jurídicos legales existentes en sus países para procesar y sancionar a aquellos que atenten contra la Tierra y la humanidad, cuyas acciones u omisiones agraven el impacto del cambio climático, demandando el cese inmediato de sus actividades”.
Igualmente, formula un llamado a los países del mundo a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que todos sus Estados miembros cumplan con las resoluciones del Tribunal Ambiental de Justicia Climática.
Muy probablemente será uno de los puntos de honor que llevarán a la próxima conferencia de Cancum sobre cambio climático a finales de este año sobre cambio Climático, los pueblos del mundo que con mucha claridad identifican lo que sucede con las naciones de mayor desarrollo industrial, convertidas prácticamente en títeres de las grandes transnacionales, y que imponen sus propias leyes en estos eventos, como se vio en Copenhague.
Consideramos que los países proponentes de esta idea pudieran pensar en un mecanismo
internacional para el control efectivo de la actividad petrolera, que permita prevenir accidentes en las operaciones de producción, almacenamiento y transporte, así como hacer cumplir las normativas internacionales sobre la materia.
Desastres como el que nos ocupa actualmente, de consecuencias que escapan de las propias estimaciones de los expertos, constituyen un sobrado motivo para exigir la implantación de un mecanismo de sanción que no sólo responda por los daños ocasionados a los países más próximos al lugar donde se cause el daño ambiental, sino a todo el planeta; pues aunque si bien es cierto, que todo el dinero del mundo no logra resarcir la afectación que se causa, en este caso a los océanos que son patrimonio mundial de la humanidad, sí penaliza de alguna manera a quienes por acción o omisión ocasionen daños tan terribles como el que se le está causando en estos momentos al ecosistema marino del Golfo de México.
Se trataría de garantizar los fondos necesarios para enfrentar las emergencias, cumplir con programas de bioremediación a corto, mediano y largo plazo, y aportar recursos para contribuir a la mitigación de efectos por causas del cambio climático, más allá de los mecanismos existentes en algunos países para asumir los desastres ambientales ocasionados por los derrames petroleros que son tan frecuentes en todo el mundo y cuyas consecuencias son prácticamente imposible de medir.
Porque debemos recordar que lo que está ocurriendo en el Golfo de México no es nada nuevo, ya en 1979 ocurrió en la misma zona, frente a las costas de México, la explosión del pozo Ixtoc 1, además de los grandes derrames ocasionados por buques petroleros, como el Exxon Valdés, que en 1989 derramó 37.000 toneladas de hidrocarburos en Alaska; y el Prestigie, que 2002 arrojó otras 77.000 toneladas en las costas del noroeste de España. Ni decir de la contaminación de las fuentes de agua dulce en la región amazónica, especialmente de Ecuador y Perú; ni de los desastres que causan las grandes transnacionales de la minería en nuestras regiones selváticas.
Gilberto Carreño
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