Caracas, 4.05.2010 / Saúl Godoy Gómez
Para Venezuela, el siglo XX estuvo signado por la actividad minera, no sólo en la extracción de petróleo sino de hierro, bauxita, oro, diamantes, carbón, gas, sal, arenas, piedras de diferentes tipos, minerales estratégicos... El antiguo Ministerio de Energía y Minas (MEM) fue, de todos los despachos del ejecutivo, el más importante, excepto por las pasadas dos décadas que se vió eclipsado por la compañía petrolera nacional (PDVSA) y aún así, manejó el resto de las políticas mineras sin mayor estorbo.

En el actual gobierno se creó el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minerías y el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, entre ambos resuelven los asuntos que atañen al negocio de la explotación de nuestras riquezas contenidas en la tierra. Indudablemente la actividad minera ha sido protagónica en el desastre ambiental que se le ha causado al país, destacando las políticas públicas que  desde el gobierno han dirigido esta actividad económica, y que se han caracterizado por una criminal permisividad de las actividades comerciales de las compañías (especialmente las del Estado), que se han encargado de abrir la tierra y extraer las riquezas minerales sin ninguna consideración por la naturaleza, por la seguridad de los pobladores o tan siquiera por el desarrollo sustentable.

Pudo haber sido peor, es lo que nos dicen algunas ONG´s como consuelo de tontos, gracias al criterio “científico y ambientalista” de esas políticas- nos dicen algunos informes de empresas del Estado- se le ha causado al país el menor daño posible.  Pero el estado en que se encuentran grandes porciones del territorio al sur de Venezuela, parte de los llanos, el Delta del Orinoco, la Reserva Forestal de Imataca, el Lago de Maracaibo, las nacientes del Caroní y la Sierra de Perijá por mencionar algunos de los lugares donde el Ejecutivo Nacional ha permitido explotaciones comerciales de minerales, desdice mucho de su labor por una mejor Venezuela.

Es verdad que ha llenado de dinero las arcas de los gobiernos y que con ese dinero se han adelantado algunas obras, pero el costo ambiental ha sido terrible, injustificable.

Como contrapeso al voraz apetito del Estado por los recursos naturales se creó el Ministerio del Ambiente (antes MARN ahora Ministerio del Poder Popular para el Ambiente-Minamb) despacho que supuestamente le iba poner el cascabel al gato y a regular las actuaciones de empresas del Estado, multinacionales, individuos  y compañías privadas en este país minero.

La mayor parte de las minas y yacimientos se encuentran en zonas de un delicado balance ecológico, selvas vírgenes, cuencas y riveras de ríos, deltas, lagos, pantanos, sierras nubladas.

El MARN y su posterior reencarnación en Poder Popular estaba supuesto a defender a esa naturaleza, patrimonio de todos los venezolanos y de la humanidad, de los que ahora existimos y de las generaciones por venir. Todo empezó con buenas intenciones y durante algún tiempo, y gracias a destacados hombres y mujeres, que se dedicaron a crear un marco jurídico e institucional, y hacerlo cumplir, pudo nuestro país exhibir con orgullo al mundo uno de los primeros intentos organizados por poner orden en los asuntos ambientales en Latinoamérica.

Pero ese esfuerzo duró muy poco, los intereses comerciales internacionales y de gobiernos desarrollistas prevalecieron y poco a poco el Ministerio del Ambiente fue infiltrado por comisiones de enlace, por oficinas de apoyo, por convenios interministeriales; así fue como los tentáculos del MEM penetraron al MARN y fueron asfixiándolo.

Presidentes interesados en políticas de total apertura y mínimas restricciones para sus programas de inversión en el área petrolera y minera, nombraban como ministros del ambiente a personas sumisas al poder, a políticos agradecidos con Miraflores y a profesionales que nada tenían que ver con el ambiente.

Pronto sucedió lo inevitable, el MARN se convirtió en una oficina de trámites burocráticos del MEM, que es lo que es hoy, y empezó el desconocimiento de las leyes y decretos, hubo resoluciones acomodaticias, retardos administrativos injustificados, violaciones descaradas a los diferentes reglamentos, informes engavetados, estudios inconclusos, multas ridículas… el asunto se resumía en que teníamos unas muy buenas leyes ambientales, pero el organismo y la jurisdicción que se debían de encargar de hacerlas cumplir estaban en permanente estado de postración y necesidad de recursos, hasta se llegó a la cínica acción de suplantar al MARN en congresos internacionales sobre el ambiente, como fue el caso de la Conferencia Global de Cambio Climático, celebrada en la ciudad de Kyoto en 1997, a la cual asistió el Ministro de Energía y Minas en representación del país.

Cuando el presidente Chávez llegó al poder no le tembló el pulso de saltarse todas las disposiciones ambientales para la exploración de gas y petróleo mar afuera, cuando hace algunos años el gobierno de Guyana intentó otorgar, en aguas territoriales venezolanas, unas concesiones, la estatal petrolera apuró los trámites para que compañías autorizadas por Venezuela se posicionaran primero en el área, la razón fue seguridad de Estado, y las autoridades ambientales no dijeron ni ñé.

Con la llegada al gobierno del “Poder Popular” que anunciaba un legitimo interés por el bien común, y una nueva sensibilidad por lo ambiental, mucha gente creyó que el socialismo le daría el giro definitivo al paradigma garimpeiro que se había asentado en el poder político, pero no pasó mucho tiempo para que constatáramos que habíamos caído en manos de un capitalismo de Estado aún más salvaje  que el anterior.

La naturaleza se convirtió en la piñata de la fiesta, un socialismo que resuelve todo con dinero tiene un hambre inagotable por recursos, y con una falta de escrúpulos que asombra, está explotando nuestro suelo como si no hubiera mañana. En aras del negocio rápido y en efectivo, lo primero que sacrificaron fueron los costos ambientales que encarecían las inversiones, de modo que hoy tenemos una serie de empresas, sobre todo en el área petrolera, que no tienen ningún control ambiental, ninguna autoridad que les exija respeto y cumplimiento de la normativa, la orgía minera continúa.

Bajo este signo ya hemos recorrido la primera década del nuevo siglo y milenio. La lucha de la sociedad civil organizada y de un nuevo gobierno debe ser la de rescatar sus instituciones de manos de quienes ahora las han usurpado en nombre del interés crematístico de unas mafias, y no de la naturaleza.-

percival367@yahoo.com