Caracas, 31.10.20110 / Saúl Godoy Gómez
Estos años de socialismo bolivariano han tenido un enorme costo ambiental para nuestro país, y es urgente hacer un diagnóstico independiente y serio para saber en realidad donde estamos parados y poder hacer un control de daños, eso para empezar.
La urgencia de lo que estoy señalando se siente en varias áreas vitales para la vida de los venezolanos, entre ellas, el peligro eminente y cierto de que estamos contaminando nuestros principales afluentes de agua fresca no solo con metales pesados y productos petroquímicos sino con descargas cloacales de desechos urbanos.
En las cercanías de nuestras principales ciudades, en las cuencas que surten de agua a estos valles y planicies, se ha venido interviniendo estas áreas protegidas con supuestos planes agrícolas que no tienen ningún sentido (su producción es mínima, a un costo económico demasiado alto y con efectos de degradación ambiental que no justifican estos programas), afectando de manera criminal terrenos inestables y desertificando el suelo.
La saña con la que el gobierno socialista ha arremetido contras nuestras cuencas hidrográficas, interviniéndolas de manera brutal, deforestándolas, permitiendo su explotación mineral por empresas extranjeras y nacionales, promoviendo el urbanismo y la actividad agrícola en áreas supuestamente protegidas, están hiriendo de muerte nuestra capacidad de producir agua fresca. La crisis del sector eléctrico apenas nos permitió levantar la olla podrida del manejo de nuestras cuencas, un manejo irresponsable digno de garimpeiros, que no tiene ninguna consideración por la ecología, por la interrelación de los sistemas vivos ni por el derecho a un ambiente de calidad para las generaciones por venir, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) ha sido uno de los principales responsables de estas políticas suicidas de intervención de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE).
El problema de la basura no ha sido resuelto y es el problema ambiental de las grandes ciudades
que más afecta la calidad de vida de una parte importante de la población, se agrava el problema con el enterramiento indiscriminado en el territorio nacional de montones de comida descompuestas por parte de las autoridades, las fosas de deshechos petroquímicos se multiplican aceleradamente y cada vez más se vierten elementos tóxicos en nuestros ríos y mares, principalmente por las industrias en manos del Estado que no tienen ningún control ambiental. Esta situación está poniendo en riesgo, de manera inmediata, nuestra posibilidad de un desarrollo sustentable y justo para todos.
Nuestras costas y los territorios insulares se están convirtiendo en enormes yermos, están acabando con la vida acuática, las reformas legales que se han impuesto en el sector de la pesca bajo la propaganda de que están protegiendo la fauna marina, lo que ha hecho es que cambien los intereses que se lucran de la pesca, ahora son empresas socialistas las que realizan la explotación salvaje, sin tregua alguna.
Lo político y lo económico han privado sobre el sentido común, las obras de infraestructura del gobierno no tienen ninguna consideración ambiental, el Ministerio del Ambiente se ha convertido en el alcahuete mayor, permitiendo la entrega de grandes extensiones de nuestros ecosistemas para la minería más sucia que existe (la petrolera) y sin ninguna supervisión ni control, el reciente derrame de petróleo en el Lago de Maracaibo y la insólita inoperancia de las autoridades del ambiente hablan muy claro de un servilismo sin sentido a intereses políticos que más bien parecen intereses de mafias, ¿Para qué seguir gastando un bolívar más en sostener a funcionarios que no hacen su trabajo? Es la pregunta que se hace la gente ante la inoperancia de la institución.
El Ministerio de Agricultura y Tierras, se ha encargado de destruir nuestras tierras productivas y de perseguir a nuestros empresarios del campo, nos ha puesto en puertas de una peligrosa hambruna, y no tenemos ni siquiera la posibilidad de sostener una economía de puertos, ya que los mismos están siendo desmontados por los cubanos.
Acusamos hoy una vulnerabilidad que jamás en nuestra historia habíamos padecido, la reaparición de enfermedades y epidemias endógenas que habíamos logrado controlar están asolando incluso centros urbanos, el país se está resquebrajando a todo lo ancho de su geografía; los daños ambientales, algunos ya irreparables, siguen en aumento detrás de una política de propaganda y desinformación que trata de vender al país como un paraíso terrenal; el saqueo de nuestro patrimonio natural solo sirve para mantener el esquema neocolonial del ALBA, pareciera ser que la Guardia Nacional perdió su capacidad de guardería ambiental.
Algo terriblemente perverso está sucediendo con el Estado de Derecho y la administración de justicia en Venezuela en materia ambiental, algo verdaderamente kafkiano, que permite que los que violan la ley estén amparados por la impunidad, hacen y deshacen a voluntad perjudicando el orden y la naturaleza, agrediendo al ambiente y con ello a los ciudadanos venezolanos, atentando en contra de su calidad de vida y el patrimonio de futuras generaciones, mientras que el derecho a la defensa se transforma en un calvario de gestiones y “alcabalas “ administrativas ante un Estado y una burocracia ciegos, sordos y mudos. La Fiscalía y los tribunales se mueven como si fueran inmensos paquidermos con los invasores y taladores de bosques, bajo la excusa de que son campesinos, una masa de delincuentes ambientales en realidad; muchos de ellos funcionarios públicos. Escudándose detrás del carnet del PSUV, se apropian sin ninguna consideración de espacios naturales para medrar de ellos; se está permitiendo que nuestra única y verdadera riqueza, el ambiente, sea usado como premio para que las comunas socialistas vivan robándonos, a todos, de nuestras posibilidad de futuro. Hay que hacer un alto y reconocer el desastre en nuestro entorno, hay que rectificar, es urgente.
Saúl Godoy Gómez
percival367@yahoo.com
